¿Reformar la Reforma?
Hay consenso en que las preocupaciones prioritarias en la vida diaria de los chilenos radican, en: seguridad ciudadana, salud pública y pensiones. Hay, obviamente, otras importantes materias pendientes, pero hoy opinaremos sólo sobre el primer tema.
Es un hecho que la sensación de inseguridad aumenta a pesar de que las estadísticas oficiales puedan indicar otra cosa. Esa percepción se ve respaldada por cada vez mayor número de delitos de que son víctimas las personas. En muchos casos los afectados no formulan denuncias, pero ello no debería significar que el número de delitos sea menor.
Frente a esta realidad ¿cuál es la acción del Estado, una de cuyas principales funciones es justamente velar por la seguridad de los ciudadanos? No sería justo decir que ha sido indiferente o nula, pero está a la vista que los esfuerzos desplegados hasta ahora son insuficientes.
La correcta administración de justicia requiere de una sólida base jurídica tanto en las leyes que rigen la convivencia ciudadana cuanto en las disposiciones que regulan el accionar de los servicios colaboradores de la justicia. En estos aspectos, se está notoriamente al debe.
Los códigos civil y penal datan de siglos pasados y, aunque han tenido modificaciones parciales, es evidente que requieren de actualizaciones para adecuarlos a la realidad de hoy.
La Reforma Procesal Penal ha cumplido 18 años desde su implementación y aunque actores políticos y teóricos lo descarten, precisa de imperiosas correcciones. Por lo menos, en Villarrica hace años se viene mencionando la idea de “Reformar la Reforma”. Pero en niveles de la co-legislatura sólo se han propiciado leves cambios que no alteran en lo sustantivo el régimen procesal.
La ambigüedad y vacíos de numerosas leyes, el sello excesivamente garantista de la reforma vigente, el constante incremento de casos que ahoga el accionar del Ministerio Público y la limitación de facultades de los órganos colaboradores de la justicia, vienen generando una extensiva sensación de inoperancia.
Parece haber llegado la hora de que los poderes co-legisladores, recojan el sentir de la ciudadanía y que, junto al Poder Judicial, se aboquen efectivamente a re-formular o corregir a fondo el actual sistema judicial sin esperar que la situación se vuelva inmanejable.
Por Max Wenger
