Cuando hace a lo menos un par de décadas la opinión pública comenzó a darse cuenta que el narcotráfico se extendía lentamente en el país, se escuchaban reacciones del tipo “no es preocupante, somos tan sólo un pasadizo hacia otros destinos”.
Cuando también fueron quedando al descubierto algunos casos de corrupción tanto en niveles públicos como privados, se escuchaba decir “son sólo casos puntuales, no se debe generalizar, Chile no está entre los países corruptos”.
Cuando también se decía que las instituciones religiosas eran “la reserva espiritual del país”, nada a simple vista parecía presagiar que esas condescendientes apreciaciones perderían a poco andar todo realismo.
La cruda realidad viene mostrando a los chilenos que peligros como la corrupción que se ciernen sobre las sociedades civilizadas modernas, se han ido entronizando gradual pero sostenidamente en el país.
Que Chile ha cambiado en los últimos años es muy cierto, pero para bien y para mal. Hay evidente progreso en muchos aspectos, pero en similar medida han ido quedando al descubierto demasiadas debilidades. La falta de credibilidad de la ciudadanía en algunas muy importantes instituciones, tanto civiles como uniformadas y espirituales, ha ido extendiéndose también a reparticiones del Poder Judicial.
Así ha quedado en evidencia en los últimos días al detectarse aparentemente un virus de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Esto no quiere decir que esta lacra haya invadido a toda la judicatura, porque por ahora sólo se conocen denuncias en algunos casos específicos que aún están en etapa de investigación.
La interrogante de muchos es qué hacer para devolver al menos una mínima confianza a una ciudadanía languideciente, decepcionada y pesimista, ante el panorama que se observa en varias instituciones del Estado que es, por lo demás, la base republicana y democrática de la nación.
Ese estado de ánimo surge de la observación, como meros espectadores, del comportamiento de quienes han sido encomendados para liderar la marcha del país. No se ve un espíritu constructivo en que el bienestar de la población sea el foco central. Más bien se es testigo de actitudes del tipo “… ¿de qué están hablando…para oponerme?…”
La cuestión es que algo se debe hacer para volver a las instituciones y actores de la sociedad civil a cauces normales de convivencia armónica. En que sea el bien común el que guíe la actitud de la ciudadanía y, sobre todo, el comportamiento de quienes han sido encomendados para representarla en la conducción del país.
¿Sería muy utópico pensar en generar un gran consenso nacional que conduzca a una reformulación integral del Estado, que permita retomar una senda de normalidad en la vida de los chilenos?