Hace unos días atrás, en pleno centro de Villarrica, se generó un accidente con resultado de muerte y lesiones. Las afectadas, una distinguida profesora de la comuna y su hija menor, el autor del mismo, un conocido abogado de Temuco, con residencia actual en Pucón, ex fiscal militar. Los hechos llamaron y llaman la atención de toda nuestra comunidad, por lo brutal de las consecuencias, y por las características del mismo.
El hecho, ocurre en la principal calle de la ciudad, Camilo Henríquez, donde transitan a diario cientos de personas, y donde habitualmente no ocurren circunstancias de este tipo, ya que, las particularidades del lugar, hacen muy difícil que puedan generarse; una calle con buena visibilidad, con claros signos de detención y ceda el paso a peatones, donde regularmente el conductor transita con poca velocidad de desplazamiento, frenando regularmente en las esquinas de cada cruce; hecho que en el caso, en comento, evidentemente no ocurrió.
Sin entrar en el desarrollo del accidente, desde el punto de vista jurídico, hecho que está en investigación por la fiscalía de Villarrica, a uno como simple ciudadano le nace un sensación de falta de justicia, o al menos un desarrollo desequilibrado de la misma, después de saber los resultados de la audiencia de formalización generada en el Juzgado de Garantía de Villarrica.
Primero, llama la atención el plazo de investigación del delito, solicitado por Fiscalía y otorgado por el Juzgado de Garantía, (12 meses). Pareciera, a simple vista, un plazo de investigación excesivo, relacionado a un delito muy complejo con diversas aristas muy lejano al delito culposo que nos encontramos.
Segundo, llaman la atención las medidas cautelares impuestas al imputado, (firma quincenal y arraigo nacional = no poder salir de Chile). Llaman la atención por el resultado del delito y por la pena que podría llegar a sentenciarse; (se deja mención que al redactar esta columna, la Corte de Apelaciones de Temuco cambió las cautelares por arresto domiciliario total y retención de la licencia de conducir, todo esto previa apelación del abogado particular de la víctima).
Producto de ello, la comunidad de Villarrica salió a protestar hace unos días atrás, al sentir, probablemente, que la justicia no ha cumplido su cometido; se escucharon gritos de asesino y se sentía en el ambiente un aire de impunidad. Incluso las autoridades comunales trataron de salir del paso autorizando la marcha y señalando apoyo jurídico a la familia. Al respecto, no cabe duda que tal apoyo es tardío y escaso frente a las medidas decretadas.
Hoy sólo queda esperar que después de un año de investigación, el hecho no se olvide por la comunidad y que la sensación de impunidad se erradique por la justicia.
