El espectáculo social de la semana, ha sido entre otros, la fallida aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2019, que ya había sido postergada en dos ocasiones y que, finalmente, debía rendirse el 6 y 7 de este mes.
El intento resultó en un fracaso rotundo. Miles de estudiantes no pudieron acceder a la prueba en su totalidad debido a la coerción, agresividad y violencia sicológica ejercida por grupos de propios estudiantes. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), cuyo presidente es mayor de edad, impidió el acceso de muchos jóvenes que estaban determinados a cumplir con este importante paso académico.
Los dirigentes de la ACES han dicho públicamente que se oponen al sistema de la PSU, que debe eliminarse de inmediato. Pretenden que los egresados de enseñanza media ingresen indiscriminadamente, sin previa selección, a las aulas universitarias. Con ello reviven la añeja consigna de “universidad para todos” conocida en los años 60 y que la experiencia empírica ha demostrado en el mundo que es absolutamente inviable.
No hace falta mucha imaginación para darse cuenta del caos que esa situación originaría en establecimientos que ni física ni académicamente están preparados para recibir a más de 200 mil alumnos. Desde el punto de vista humano, se llegaría hipotéticamente a que miles de jóvenes carentes de aptitudes y de conocimientos fracasarían en el primer año de estudios.
Y ¿qué pasaría entonces? Pues, que esos estudiantes podrían tratar de obtener su permanencia con los mismos métodos con los que hubiesen logrado el libre ingreso. Se generaría así un caos total que echaría por tierra las aspiraciones de quienes, teniendo los méritos y requisitos, no podrían continuar sus estudios en forma seria. Y de llegar a la meta, ¿qué nivel de profesionales tendría el país si aún hoy hay cuestionamientos de cómo están funcionando las universidades?
No son pocos los especialistas que sostienen que el sistema de la PSU, no responde a la realidad actual de la educación, que es una modalidad discriminatoria, injusta y que segrega por origen a los estudiantes. Sin embargo, la forma de representar una oposición y abogar por cambios del sistema, es claramente equivocada. Se pretende por la fuerza que quienes se han preparado para rendir la PSU y aspiran a ingresar a la universidad, se vean abruptamente privados de ese derecho.
