Quienes consideran que lo peor de la crisis social y política ya amainó, parecen estar equivocados o simplemente no están del todo informados.
Aunque el mundo político (oficialismo y oposición) está enfrascado en debates no siempre guiados por la generosidad y la empatía, en que el negativismo asoma porfiadamente, debe reconocerse que se han concordado varias medidas legislativas que corrigen algunas deficiencias.
Obviamente cambios profundos en diversos otros campos relacionados con abusos y tratos indignos aún no han sido abordados. Los cambios culturales, muy necesarios en la sociedad chilena, no pueden hacerse efectivos de un día para otro. Necesariamente deben tomar más tiempo.
Pero junto a este panorama, el problema inmediato que no ha tenido solución y que se mantiene con pertinacia, es el de la violencia que siguen ejerciendo algunos sectores muy minoritarios de la población. La figura mitológica del “monstruo” no sólo suele presentarse en festivales musicales. También continúa desplegando su imagen de mil cabezas con insaciable apetito destructivo en plazas, calles, caminos y barrios de ciudades en los últimos 90 días.
Esta afirmación, que pudiera parecer exagerada, tiene su base objetiva en el desesperado clamor de vecinos que mediante dramáticos videos en redes sociales, imploran ayuda y suplican que la autoridad ponga fin a las acciones vandálicas perpetradas por verdaderas hordas rabiosas de encapuchados que cada noche atropellan con violencia los derechos de las demás personas.
Es de esperar que por lo menos se haya aprobado ayer o se concrete hoy en el Congreso, la ley “anti saqueos” y “anti barricadas” que podría atenuar la angustiosa situación de miles de personas. Sabido es que la mantención del orden público por mandato constitucional corresponde a Carabineros de Chile que, en la práctica en estos casos, se ve impedido de actuar con eficacia debido a medidas políticas restrictivas que hacen estériles sus esfuerzos.
También ha habido pobladores que piden que se elimine el uso de gases lacrimógenos en sus barrios, porque ciertamente afectan la salud de las personas. Sin embargo, hay otros vecinos (Ej: Plaza Italia y Torres San Borja), que aceptan el empleo de esos elementos como única forma de frenar los ataques a sus personas y domicilios.
Por otro lado, según encuestas recientes, alrededor de un 40% de la población es partidaria de la continuidad de las protestas y manifestaciones. Este sería un indicador de valor de no mediar que, junto a esas expresiones legítimas, los encapuchados se aprovechan para provocar caos, angustia y terror.
El país, la ciudadanía, necesita que vuelva a imperar la ley y el estado de derecho en todos los sectores del territorio, que permita que la vida y las actividades habituales de las personas pueda desarrollarse con relativa normalidad respecto al libre tránsito, al trabajo y al estudio.
