Hermanos en Jesucristo:
El primer “principio no negociable” mencionado por el Papa Benedicto XVI es “la protección de la vida en todas sus fases, desde el primer momento de su concepción hasta su muerte natural” (discurso del 29 de marzo de 2006). Es conveniente recordar que estas palabras las dice en el contexto de la redacción del tratado constitucional de la Unión Europea. En nuestro caso, este principio no negociable está contemplado en la actual Constitución chilena.
Ahora bien, de un modo análogo -es decir, en parte igual y en parte distinto- a Europa, también nosotros estamos debatiendo sobre nuestro modelo social, del cual la Constitución debe ser expresión. En cualquier caso, al establecer criterios al momento de querer unir a todos los habitantes de nuestra Patria en un mismo proyecto de sociedad, “será muy importante inspirarse con fidelidad creativa en la herencia cristiana que ha dado una aportación decisiva a la hora de forjar la identidad” de Chile.
Respetar siempre la vida, en toda circunstancia y de todas las personas, es condición para lograr la adhesión de todas las voluntades en la consecución de una unidad patria de la que todos nos sintamos parte. Sin este respeto de todos y la correspondiente legalidad que lo asegure, no es posible la cohesión social, dentro de las legítimas diferencias de pareceres en materias opinables. Lo ha demostrado la división del país causada por la legalización del aborto, en contra del espíritu y la letra de la actual Constitución.
Aunque el reconocimiento, la promoción y defensa del derecho a la vida emergen de la misma naturaleza de la persona, de hecho ha sido la revelación cristiana la que ha sacado todas las consecuencias del derecho a la vida. De las entrañas de una sociedad cristiana surge la defensa del más débil e indefenso frente a la tentación del más poderoso de imponer su voluntad al margen de la verdad, el bien y la justicia. Los cristianos hemos ido creciendo en conciencia respecto a la intangibilidad de la dignidad de la persona.
Esta conciencia se ha ido traspasando a la sociedad civil y al entero ordenamiento jurídico de las naciones. En este sentido es significativa la evolución de la doctrina acerca de la pena de muerte en el magisterio pontificio y en el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, aún reconociendo la licitud de su aplicación cuando se dan todas las condiciones para ello, la enseñanza de la Iglesia ha sido cada vez más restrictiva en cuanto a su aplicación, llegando incluso a pedir su abolición.
Toda Constitución política debe obligar a todos y principalmente al Estado y sus Poderes a respetar la dignidad de la persona humana.
