Además del lamentable recrudecimiento de la extrema violencia de los últimos días en la capital, con un penoso saldo hasta ayer de dos víctimas fatales, el país es testigo de la prolongación del conflicto por la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU).
Hacia fines de la década de los años 60, se acuñó por sectores estudiantiles de izquierda, la consigna “universidad para todos” que devino en los 70, cuando regía la Prueba de Aptitud Académica (PAA), en un abrupto incremento de las matrículas. En algunos planteles ese aumento alcanzó a un 120% y generó una caótica politización y relajamiento de la verdadera misión universitaria: docencia, investigación y difusión, en un ámbito de rigor y seriedad académicos.
En la actualidad, hay consenso en que la PSU discrimina y segrega debido a causas estructurales por diferencias en el sistema educacional público y privado. Al respecto, estaría en estudio el reemplazo de la PSU. Sin embargo, los estudiantes secundarios plantearon la eliminación inmediata de la prueba en curso.
Lo que es absolutamente inadmisible es que esos movimientos estudiantiles optaran por el camino de la violencia física y verbal para lograr sus objetivos. Para ello, han obstaculizado por la fuerza el proceso de la PSU impidiendo el derecho y la voluntad de muchos estudiantes de acceder a la prueba citada.
Los reducidos grupos rupturistas han mostrado carecer por completo de respeto, solidaridad y empatía por sus demás compañeros. Pero esto no es todo, porque la agrupación estudiantil ACES ha ampliado sus objetivos.
De una eventual eliminación de la PSU, ahora exige el ingreso abierto, gratuito, total y sin requisitos de todos los estudiantes a la universidad. Como es de imaginar esta última aspiración es absolutamente inviable no tan sólo porque la realidad muestra que no todas las personas tienen aptitudes para asumir estudios superiores.
Además, porque tanto en cuanto a recursos financieros como materiales, las universidades no cuentan con las capacidades reales para acoger a tal número de estudiantes. La cuestión entonces es qué tipo de prueba debe reemplazar a la PSU, por un lado, y cómo hacer para que el gran alumnado –por el otro- pueda ejercer su legítimo derecho a aspirar a estudios superiores y a prepararse responsablemente para su futuro.
