A tan solo cincuenta y un días del plebiscito constitucional, el país enfrenta un creciente proceso de polarización en el debate público en medio de incesantes actos de violencia callejera.
Mientras el mundo político (2% de aprobación), dilata el tratamiento de materias de interés ciudadano por vacaciones del Congreso en febrero, se advierte una cierta tendencia por algunos sectores de dar por normalizado el clima de violencia en las calles.
Las autoridades, por su parte, formulan reiterados anuncios sobre adopción de medidas para restaurar el orden público. Para ello, se han tramitado varias disposiciones y se han hecho varios llamados a la unidad para aislar a los violentistas y restablecer el orden y la seguridad públicos.
Esas medidas, por lo que se conoce, no han dado el resultado esperado, a excepción de lo sucedido esta semana cuando en Santiago Carabineros logró desbaratar y detener a numerosos individuos de la llamada “primera línea”, que, como viene sucediendo, provocaban desmanes y agredían a la policía.
Llamó la atención que entre los detenidos figuraran púberes, adolescentes y mayores de hasta 40 años. También el hecho de que entre ellos hubiera cinco extranjeros (3 colombianos, 1 peruano y 1 ecuatoriano). El tribunal correspondiente resolvió que sólo uno de ellos quedara en prisión preventiva y el resto con firma bimensual.
Asimismo, han vuelto los saqueos a supermercados y locales de negocios pequeños, además de ataques y destrozo de bienes públicos y privados. A su vez, algunos personeros políticos de izquierda formulan llamados a la desobediencia civil, y otros persisten en emplear recursos parlamentarios que aunque legales contribuyen a entrabar la solución a las demandas sociales.
Ante este panorama la tarea del gobierno es compleja en su obligación constitucional de mantener el orden público. Más aún cuando se acerca el plebiscito del 26 de abril, que requeriría un debate previo serio y acucioso además de objetiva información a la ciudadanía.
No hace falta mucha perspicacia para concluir que esta atmósfera obstaculizaría la realización del referendum en paz y tranquilidad. Tampoco favorecería la participación ciudadana masiva en un acontecimiento cívico tan trascendente para Chile de no mediar un cambio sustantivo de las condiciones imperantes hoy en el país.
