Por: Max Wenger, periodista
A estas alturas de la pandemia por corona virus y Covid-19, se puede estimar que una gran mayoría de la población tiene claros los aspectos más importantes de la compleja situación: que, debido a que es un virus desconocido para el cual no existe vacuna ni tratamiento específico, muchas personas se verán contagiadas y que otras muchas lamentablemente perderán la vida. Estos son hechos que se están comprobando día a día.
Asimismo, se puede observar que una mayoría tiene conciencia que el principal instrumento de combate a la propagación del virus, es el comportamiento individual y colectivo de cada uno y del conjunto de los ciudadanos para asumir disposiciones oficiales. El objetivo prioritario de Chile y de los países, independiente de los criterios científico-técnicos, políticas y estrategias sanitarias de los gobiernos, es tratar de reducir al máximo posible los terribles efectos del virus en la salud de las personas.
No obstante hay algunos sectores en Chile que parecen ignorar la gravedad de la situación, pues muestran a diario actitudes que sólo dificultan la tarea de las autoridades. Algunas situaciones dejan ver que se necesita aún mayor conciencia y realismo para aquilatar lo que se está viviendo. Y, lógicamente, más colaboración del mundo político.
Por ejemplo, el hasta hace poco presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), reconoció públicamente que desde esa corporación, a sabiendas, se han introducido indicaciones y modificaciones inconstitucionales a algunos proyectos con el fin de presionar al gobierno en algunas materias. Con ello, sólo se ha retrasado el trámite legislativo en asuntos económicos de directo beneficio para buena parte de la población.
Por otro lado, miembros de la directiva del Colegio Médico han reiterado sus críticas en orden a que la autoridad sanitaria les proporcione más datos de los que periódicamente se hacen públicos. Parecería que dicho gremio pretende erigirse en un ente contralor de cada medida adoptada por la autoridad cuando no en rector en la lucha contra la pandemia, lo que institucionalmente corresponde al gobierno.
Algo parecido se observa en algunas agrupaciones sindicales y gremiales como la CUT, la CONFUSAM, el Colegio de Profesores, la ANEF, además de instituciones como la Contraloría y el Ministerio Público, que han expresado que no acatarán indicaciones para que los funcionarios públicos puedan ir volviendo gradualmente a sus actividades presenciales.
¿Son estas actitudes las que el país necesita imperativamente para enfrentar con unidad y colaboración esta catástrofe? ¿O ellas develarían un ánimo de retomar el beligerante clima que se vivió antes de la aparición de la pandemia? Un ambiente de confrontación no se correspondería para nada con la urgencia de evitar un sufrimiento mayor a la población por la grave crisis sanitaria y sus efectos económicos y sociales directamente asociados.
