En los últimos meses, ha recrudecido en numerosas ciudades la instalación de campamentos en tomas ilegales de terrenos. Por lo común, cuando ocurren esas apropiaciones ilícitas atraen cierto interés de la opinión pública y de los medios. Al cabo de breve tiempo estos temas tienden a normalizarse y a caer en el olvido.
Este fenómeno sucede también en la comuna de Villarrica. Desde hace más de un año se verificó una toma ilegal de terrenos en el sector camino a Ñancul, sobre el antiguo trazado de la línea férrea a Loncoche. Esas familias viven un dramático problema humano más todavía en invierno con bajas temperaturas, lluvias y vientos.
Llama la atención que no se escuchen voces oficiales en relación a este problema social y legal. No se tiene memoria que alguna autoridad regional o nacional haya dado muestras de conocer y sobre todo de buscar soluciones a este delicado problema.
En el caso de los campamentos, algunos de los cuales son alentados por sectores políticos, el gobierno y el Congreso deberían dar prioridad a estos casos con una política clara y consistente de erradicación y de asignación de viviendas subsidiadas mediante planes especiales.
Es este un problema que lejos de disminuir se acrecienta, porque las políticas de viviendas siempre son insuficientes por el crecimiento vegetativo de la población. Se dirá que los recursos son limitados, cierto, pero hay que tener presente que los recursos estatales no siempre se utilizan con criterios serios y razonables.
Se sabe que en gastos burocráticos y superfluos del aparato fiscal se despilfarran entre 5 y 6 mil millones de dólares anuales que deberían emplearse en atender estas urgentes necesidades de la gente. Ahora que se avecinan elecciones de Gobernador Regional, sería oportuno que el candidato electo se comprometa a abocarse a solucionar este problema de decenas de familias.
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F R A S E
“Pan, techo y abrigo”
(Pdte. Pedro Aguirre C)
