Los acontecimientos derivados de la lucha contra el Covid-19 y, últimamente, de los procesos eleccionarios, parecieran hacer olvidar que en La Araucanía y en la provincia de Arauco, los hechos de violencia continúan sucediéndose en una suerte de “normalización” de lo anómalo.
Ataques incendiarios a predios e inmuebles, víctimas fatales, atentados contra unidades y vehículos policiales, barricadas en caminos, tomas de predios agrícolas, son indesmentibles hechos de extrema violencia perpetrados por encapuchados que, en la mayoría de los casos, son reivindicados por la llamada “causa mapuche”.
Hay que tener presente que en los ataques incendiarios que ocurren en Contulmo y los lagos Lanalhue y LleuLleu, provincia de Arauco, se trata de una zona eminentemente turística que viene experimentando terror y destrucción desde hace años, lo mismo que sucede en amplios sectores de La Araucanía. Hasta ahora no se conocen medidas efectivas del Delegado Presidencial para la macrozona para frenar los ataques terroristas.
En general, por el contrario, subsisten condiciones de inseguridad, de violencia y de falta del estado de derecho, ante la mirada imperturbable de las autoridades nacionales, que cuando mucho emiten retóricas declaraciones que se limitan sólo a dar cuenta de los hechos. A estas alturas, nadie que observe la situación con independencia y neutralidad, menos aún las víctimas de la violencia y la inseguridad cotidianas, toma en serio esas promesas verbales.
Esta zona lacustre hasta ahora no vive esa angustiante situación. No obstante, ha habido declaraciones amenazantes de un vocero mapuche hace poco tiempo. También está sin resolver un conflicto surgido en el sector de Quelhue, en Pucón.
Mientras dure su mandato las autoridades de gobierno y del Congreso, tienen la obligación de asumir sus responsabilidades y encarar soluciones definitivas a estas indeseables y peligrosas situaciones.
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F R A S E
“No resolver los problemas es garantizar un problema mayor”
(Joaquín Almunia)
