Desde su instalación el 4 de julio, la Convención Constitucional no ha dejado de sorprender a la opinión pública. Hay varios puntos a los que hacer referencia, pero uno de ellos llama particularmente la atención. Es el de las asesorías.
A poco andar, los convencionales hicieron ver algunas impensadas necesidades que no estaban en los cálculos de nadie o sólo de pocos. Públicamente plantearon que los convencionales, que se recordará fueron elegidos para redactar una propuesta de Constitución a ser sometida a la ciudadanía al cabo de un año, requerían con premura de por lo menos tres asesores: un abogado, un periodista y un asesor o secretario.
Esta petición deja en evidencia que una gran mayoría de quienes postularon a la trascendental responsabilidad, no estaba preparada para asumirla ni menos para ejercerla. Es más, confirmaron lo que algunos presumían. Muchos no tenían la más remota idea de en qué consistía el compromiso de redactar un texto constitucional y menos concluir que no estaban calificados.
Entonces, de acogerse esa solicitud como de seguro será aceptada apenas se auto-dicten el reglamento, surge por lógica pura la interrogante: ¿Por qué y para qué se postularon a esos cargos si no estaban en condiciones de responder seriamente?
Puede haber muchas respuestas y entre ellas aparecen dos motivaciones: pecuniarias y/o meramente políticas. Los necesarios requisitos jurídicos, legales y menos constitucionales, no se divisan o están supeditados a los primeros.
Hay otro hecho aparentemente inocente, aunque está revestido de connotaciones muy serias desde el punto de la soberanía nacional. Las Naciones Unidas (ONU) ya concurrieron a ofrecer sus servicios a la mesa directiva de la Convención en cinco importantes asuntos que, curiosamente, recogen otros tantos objetivos de la Agenda 2030: desarrollo sustentable, economía, refugiados (migraciones), la mujer y derechos humanos.
La presidenta y el vice-presidente de la mesa directiva acogieron el impúdico ofrecimiento con simpatía y valorando su importancia, aunque señalaron que la generosa oferta debería ser sometida al pleno de la Convención. De aceptarse, se consolidaría una abierta e inadmisible injerencia de la ONU en un asunto absoluta y sagradamente interno de Chile, interfiriendo en su soberanía, independencia y autodeterminación.
De paso hay que mencionar que también muy solícitas se han mostrado varias universidades y asociaciones gremiales de indisimuladas tendencias progresistas. Es oportuno consignar desde ya estos hechos para cuando llegue el momento de evaluar el trabajo de la Convención Constitucional.
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