Un mes desde que fue instalada ha cumplido la Convención Constitucional que tiene como exclusiva misión redactar una propuesta de nueva Constitución para Chile.
En este lapso, ha habido algunas dificultades de procedimiento por falta de un reglamento, entre otros escollos. Tal es así que hoy se actúa sobre la base de un reglamento y de comisiones provisorias. La mesa directiva, ha anunciado que seguramente en septiembre la convención podrá abocarse a la materia que le es propia.
En el intertanto, han llamado la atención algunas mociones en orden a aumentar el presupuesto fiscal que ya alcanza a unos 8 mil millones de pesos, para su funcionamiento.
Esto no es todo. Han surgido voces al interior del cónclave y en exterior de parte de algunos historiadores, para ampliar el ámbito del mandato democrático que expresamente recibieron los 155 convencionales. Se plantea que organizaciones ciudadanas, coordinadoras y agrupaciones populares participen también en el debate de las propuestas.
Es evidente que de acogerse esta idea se trataría de una gruesa equivocación. La ciudadanía eligió a los convencionales para que la representen. Por tanto, sólo ellos son quienes deben asumir la trascendente tarea que les fue encomendada.
No es admisible que la convención asuma roles de representación parlamentaria, que se dan en el Congreso o Parlamento, y que, por la naturaleza misma de su función permanente, tienen la obligación de mantener contacto con la ciudadanía mediante trabajos distritales en periodos mensuales.
No corresponde, de modo alguno, que los convencionales hagan suyos ese tipo de procedimientos parlamentarios por cuanto no les corresponde, pues ellos tienen una misión específica que cumplir por sólo 9 meses a un año.
Es de esperar que esa aspiración sobre el trabajo de la Convención no sea acogida, porque sólo enrarecería el proceso. Por lo menos, es un asunto absolutamente desaconsejable desde el punto de vista político contingente y de su verdadera y única misión.
