En medio de una ácida y virulenta campaña electoral presidencial que está opacando los comicios parlamentarios y de consejeros regionales, estos últimos tienen también clara trascendencia. Entonces, no hay que olvidar que la renovación de al menos gran parte del parlamento y todos los consejeros, en su respectiva medida, será la base de sustentación del futuro gobierno cualquiera sea su signo.
Por esos, esas elecciones que parecen secundarias, en la práctica tienen igualmente enorme importancia. De sus resultados dependerá que el próximo gobierno pueda contar con apoyo político ya sea para llevar a la práctica programas refundacionales y cambios radicales o, por el otro lado, para modificar y modernizar el aparato del Estado retomando el crecimiento económico.
Por eso, las elecciones próximas tienen características únicas que el electorado tendría que tener en cuenta a la hora de expresar su voluntad en las urnas. Además, por primera vez en la historia, estas elecciones se darán apenas se haya dilucidado el destino de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República.
El apuro y la diligencia de la oposición política para formalizar el libelo acusatorio en el Congreso, tiene evidentemente un propósito electoral más allá de las argumentaciones jurídicas de fondo – si es que las hubiere- que pueda sustentar la acusación.
No quiere decir esto que el presidente carezca de responsabilidades en su primer periodo de gobierno. Eso lo deberán determinar los tribunales de justicia. Ellos deberán resolver sobre la procedencia jurídica de los cargos que se formulan al presidente. Tampoco es descartable que la acusación constitucional se apruebe y que luego un fallo de la justicia absuelva al mandatario.
Sobre los efectos electorales que genere la acusación, sea cual fuere su resultado final, sólo se podrá saber cuando se completen los escrutinios el 21 de noviembre.
