La opinión pública de Villarrica y Pucón, se ha visto impresionada al conocerse una resolución de la Corte Suprema de Justicia, hace unos días, que ordenó a la Municipalidad de Villarrica y al Fisco a indemnizar con 23 millones de pesos a una madre y su hija por el ataque de un perro callejero.
Al respecto, debe aclararse que el caso ocurrió un ya lejano año 2017, durante la anterior administración municipal. Sin embargo, ese dato no permite concluir que antes se daba este tipo de situaciones y que en la actualidad no suceden. Hoy el problema de perros deambulando por calles e incluso en predios rurales está plenamente vigente y esto sucede en todo el país.
Los municipios despliegan esfuerzos por controlar de algún modo la proliferación de canes cuyos dueños les facilitan a diario el acceso a las vías públicas y otros que sencillamente los arrojan ex profeso al exterior de sus propios domicilios. Es más, hay quienes trasladan animalitos recién nacidos en basurales o lugares alejados de los centros urbanos.
Es evidente que en este problema, las personas, los dueños, tienen una muy alta cuota de responsabilidad. Los programas de esterilización de mascotas, los caniles y toda medida tendiente a controlar la reproducción de perros y gatos, no podrá tener éxito si por otro lado se debe enfrentar estas actitudes de las personas.
Cualquier norma legislativa que exista en este tema, es difícil que se cumpla integralmente si no se cuenta con la compresión y cooperación del público. Aparte que su implementación representa ingentes gastos del presupuesto municipal. Campañas comunicacionales y fuertes sanciones pecuniarias a dueños inescrupulosos, parecieran ser medidas más efectivas.
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F r a s e
“Los perros nos esperan fielmente”
(Cicerón)
