Esta semana terminó algo adelantado su cometido la CC de redactar un borrador o propuesta para una nueva Constitución de Chile. Su rechazo o aceptación se dirimirá en el plebiscito del 4 de septiembre.

Ahora los convencionales de izquierda se lanzarán por el país a promover su posición de “deconstruir” Chile, que se impuso en todos los debates, cuando los hubo en la CC. El gobierno hacía lo propio explicando que tiene la obligación de “informar” aunque no debería intervenir, como lo señalan la Contraloría y normas vigentes.

Por lo demás, es muy sabido que entre “informar” y “promover” hay sólo una tenue línea en la práctica invisible. El gobierno en voz del Presidente Boric y varios de sus ministros, había enfatizado desde el comienzo del proceso que una aprobación del borrador en el plebiscito sería indispensable para introducir reformas profundas de su programa y que por eso apoya a la CC.

Sin embargo, en los últimos días a raíz de los resultados de todas las encuestas que dan amplia ventaja al Rechazo, se comprueba un cambio radical en esa postura. El gobierno busca ahora desprenderse de su ligazón simbiótica con la CC y señala que un resultado adverso con el triunfo del rechazo no le impediría introducir esas mismas reformas radicales. El gobierno se ha dado cuenta que el proyecto de la CC es un gran inconveniente, un verdadero lastre para sus planes.

En el mismo plano, convencionales de izquierda señalan que van a desmentir supuestas “mentiras”, que no son tales, que propalarían adherentes al rechazo. En realidad, hay muchos artículos y normas de máxima relevancia que se explican negativamente de sobra por sí mismos.

Muchos chilenos entienden que esos artículos y normas están destinados a fundar un nuevo país con un sistema político y judicial que sólo causaría división, desigualdad y polarización permanente, además del desmembramiento de Chile como país y como Estado soberano.