La propuesta de una eventual nueva Carta Magna y el gobierno tienen una existencia común evidente, como lo expresara el propio Presidente Boric hace un tiempo. Sin ese texto a su gobierno no le sería posible implementar reformas estructurales.
En consecuencia, ex convención y gobierno son una sola cosa. Por eso, el gobierno ha asumido con toda su fuerza y poder el liderazgo de esa campaña en claro proselitismo y propaganda electoral que cuenta con el apoyo de la mayoría de los canales de la televisión.
El gobierno con fondos públicos ha gastado 900 millones de pesos en la impresión de ejemplares de la propuesta que el mismo Presidente se encarga de distribuir autografiadas a sus partidarios. El mandatario ha dicho que sostiene diálogos a diario con la Contraloría, servicio encargado de supervisar sus propios dictámenes que prohíben la intervención y el gasto público del gobierno en el plebiscito.
Pero, sucede que el Contralor Jorge Bermúdez, luego de reunirse con la directiva de la ex convención, declaró que le parecía bien el texto y que era positivo para la Contraloría. Es decir, no se puede esperar imparcialidad ni objetividad de un alto funcionario de la administración del Estado en la Contraloría después de sus públicas declaraciones por la televisión en su momento.
La Contraloría General y el Ministerio Público son los dos únicos servicios estatales que no experimentaron cambios en la propuesta que deberá votar la ciudadanía. Ahora, la Contraloría inició un parsimonioso proceso de indagaciones sin fecha de término sobre la intervención del gobierno en la campaña previa al plebiscito.
Lo extraño es que esa indagatoria la lleva cabo consultando a los propios incumbentes de la Subsecretaría General de Gobierno. Nada correcto es dable esperar con estos antecedentes sobre el papel del órgano contralor que debe velar por la legalidad de los actos de gobierno.
Pese a estos insólitos obstáculos, el rechazo sigue encabezando las encuestas.
