La sociedad chilena está atravesada por varios problemas que no son misterio para nadie. Uno de ellos es el de la vivienda.
Según datos oficiales, actualmente hay un déficit de unas 650 mil viviendas, lo que se podría explicar por dos razones. La insuficiencia de recursos del Estado para reforzar los programas de viviendas sociales, por una parte.
El crecimiento vegetativo de la población, por la otra, que, de unos 15 millones de habitantes hace pocas décadas ahora ronda los 20 millones. Lo anterior, ha encontrado un camino legal en que la proliferación de campamentos mediante tomas y ocupación ilegal de inmuebles se hacen mayores. El caso de los ocupas pasa impune y desvergonzadamente por encima del derecho constitucional a la propiedad.
En Villarrica, hay casos concretos de quienes suscriben una relación contractual de arriendo de inmuebles habitacionales con personas que al breve tiempo dejan de cumplir con los pagos mensuales en evidente perjuicio del propietario del mismo.
Hay propietarios que se ven obligados a judicializar su justa demanda de cumplimiento. Para ello, deben interponer una acción ante tribunales para que restituya su derecho a la propiedad y haga valer la ley de arriendo, lo que no es gratuito. Al contrario, el ciudadano perjudicado debe incurrir en ingentes gastos para contratar los servicios de abogados que deben patrocinar su demanda ante tribunales.
Esta situación no es justa ni admisible que, quienes han ocupado una vivienda y no pagan las mensualidades de arriendo previamente pactadas, permanezcan en la misma con desparpajo y con prepotencia utilizando un inmueble gratis que nos les pertenece.
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F r a s e
“El vaso en que bebo no es grande, pero es mío”
(Alfred de Musset)
