Que el Estado chileno necesita urgente modernización es un tema que parece consensuado en el mundo político. El asunto es que más allá de dichos de buena crianza no ha existido hasta ahora decisión y voluntad para iniciar un proceso en esa línea.
En pleno Siglo 21 no se concibe que la administración del Estado se rija en muchos casos todavía por formas anacrónicas del siglo pasado. En estas materias, Chile ha dado algunos pasos al introducir hace algunos años el sistema de Alta Dirección Pública.
El objetivo fue privilegiar el mérito y las capacidades de los servidores públicos dejando de lado la amistocracia o amiguismo y el clientelismo político. Sin embargo, los hechos evidencian que ese paso positivo se desvirtúa a menudo por quienes detentan cuotas de poder en la administración pública.
Últimamente se ha actualizado el caso de una ministro de Estado en la cartera de Justicia que, sin embargo, no es profesional abogado como corresponde en un campo de alta especialización. Se ha explicado vagamente que ella debe su nombramiento a que “tiene las capacidades para ejercer el cargo”.
Este tipo de situaciones se da también en niveles menores aunque importantes: directores de hospitales y de centros de salud primaria que no son médicos es una costumbre que se implantó hace décadas.Es tan extraño como si los directivos educacionales no tuvieran carrera docente y esa función fuera encomendada a otros profesionales.
Es hora que la modernización del Estado pendiente repare también en estas anomalías y que al menos se revise el sistema de Alta Dirección Pública de modo que sus normas se cumplan realmente.
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F r a s e
“Más se premian las apariencias de mérito que el mérito mismo”
(Francois de la Rochefoucauld)
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