En el país la población penal bordea los 50 mil internos que mayoritariamente viven en deplorables condiciones de hacinamiento e insalubridad. Es este un problema humano que se arrastra por décadas y que los gobiernos no han tenido la capacidad y voluntad política de enfrentar.
Hace unos años se adoptó la decisión de concesionar algunos de estos recintos, lo que sin embargo no ha sido una política integral y definitiva. En todo caso, el número de esos establecimientos es reducido y no se conoce qué resultados se han obtenido con esta modalidad.
En los últimos días, debido a los reiterados conflictos en casos de violentistas mapuches condenados por la justicia que reclaman algunos privilegios en función de su etnia, se ha conocido una idea de parlamentarios oficialistas de izquierda. Esa idea que, en general ha sido bien acogida por parlamentarios opositores de derecha e independientes, es la construcción de cárceles especiales para esas personas que deban cumplir penas de reclusión.
Otros plantean además algunas condiciones: que los recintos se levanten en sectores rurales, en donde los internos puedan trabajar en horticultura y otros, de modo que contribuyan a financiar su alimentación. Algunos también proponen que esos reclusos puedan incorporar sus rehues al interior de esos recintos.
En el Congreso también quienes se oponen a la idea esgrimiendo el principio de igualdad ante la ley.Lo concreto es que parece darse el momento esperado para encarar con determinación el problema penitenciario del país.
En este sentido, habrá que revisar también la ubicación de algunos penales que, por el crecimiento de las ciudades, se sitúan en sectores urbanos residenciales. Su proximidad además a escuelas, colegios, instituciones, servicios públicos, como sucede en Villarrica, amerita con creces la construcción de un nuevo penal en un lugar más apropiado.
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F r a s e
“El sentido común no es nada común”.
(Voltaire)
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