Las colas interminables que desde hace meses caracterizan las estaciones de servicio bolivianas ahora tienen una nueva protagonista: el aceite de cocina. En plena crisis económica que sacude al país andino, los bolivianos enfrentan un incremento de hasta el 60% en el precio de este producto básico, mientras que algunos testimonios hablan de alzas aún más dramáticas que superan el doble del valor original.
El Gobierno señala a los especuladores
Las autoridades gubernamentales han salido al paso de esta nueva crisis con acusaciones directas. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, descartó tajantemente que se trate de un problema de producción. «No es un tema de desabastecimiento», afirmó categóricamente durante una conferencia de prensa, apuntando directamente hacia lo que califica como prácticas especulativas.
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La paradoja resulta evidente: Bolivia produce aceite refinado de soya en cantidades tales que el 70% se destina a la exportación. «¿Cómo puede faltar aceite en un país con excedentes de producción?», cuestionó Flores, dejando entrever la frustración gubernamental ante una situación que consideran artificial.
El ministro fue más allá en sus señalamientos, acusando directamente a empresarios y comerciantes de ocultar productos para manipular los precios en medio de la vulnerabilidad económica que atraviesa la población.
Medidas gubernamentales y tensión social
Ante la escalada de precios, el gobierno de Luis Arce ha desplegado una batería de medidas. Los operativos de control se han intensificado en mercados y fronteras, buscando frenar tanto el agio interno como el contrabando hacia países vecinos. Sin embargo, estas acciones parecen insuficientes para calmar los ánimos de una población cada vez más agobiada.
La empresa estatal Emapa mantiene precios controlados pero ha tenido que racionar las ventas, generando largas filas que recuerdan las peores épocas de escasez. Los testimonios desde La Paz hablan de momentos de alta tensión entre compradores que se agolpan cuando llegan los escasos cargamentos, que según vendedores consultados, arriban cada tres o cuatro días.
El 23 de mayo, Arce anunció un paquete de 11 medidas y siete decretos destinados a contener la inflación de la canasta familiar. Entre las disposiciones más significativas destaca la autorización para importar insumos con arancel cero hasta finales de año, incluyendo materias primas para la producción de aceite y otros alimentos básicos.
Una crisis que se profundiza
Este no es un episodio aislado en la historia reciente boliviana. A finales de 2024, el país vivió una situación similar que llevó al gobierno a prohibir temporalmente las exportaciones de aceite durante diez días. La medida, aunque drástica, logró estabilizar momentáneamente los precios.
Sin embargo, el contexto actual es más complejo. La crisis del combustible entra en su tercera semana consecutiva, mientras las protestas se multiplican en varias ciudades. Todo esto ocurre en un ambiente político caldeado por las elecciones generales programadas para el 17 de agosto.
La combinación de escasez, inflación y malestar social configura un escenario explosivo que pone a prueba la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad en un país donde las crisis parecen encadenarse sin solución de continuidad.
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