Un ascensor sin mantención desde abril de 2023 en una escuela para estudiantes con discapacidad, un calefactor de patio a gas usado en un comedor cerrado y 35 órdenes de compra por $73.205.051 a proveedores ligados a funcionarios o a sus familiares. Los detalla el Informe Final N° 633 de la Contraloría Regional de La Araucanía, fechado el 29 de septiembre, sobre el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Araucanía, que administra los colegios públicos de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén. El organismo ordenó un procedimiento disciplinario y fijó plazos para presentar planes y acreditar correcciones.
La auditoría en cifras: 24 escuelas y liceos de la muestra, visitados entre el 15 de junio y el 30 de julio de 2026, con 5.753 estudiantes. Son el 36,9% de las 65 escuelas y liceos activos del servicio y reúnen el 69,2% de su matrícula. Si se suman los jardines infantiles, que la auditoría excluyó, el SLEP administra 82 establecimientos, según la Dirección de Educación Pública.
Compras a funcionarios y a sus parientes
La Contraloría revisó las órdenes de compra emitidas por el servicio entre el 1 de enero de 2025 y el 21 de julio de 2026. Encontró 5 órdenes por $6.261.987 a proveedores que tenían como socio a un funcionario del propio SLEP, y 30 órdenes por $66.943.064 a al menos cinco proveedores con parentesco hasta segundo grado con funcionarios. La ley de compras públicas, en su artículo 35 quáter, prohíbe a los organismos del Estado contratar con su propio personal y con esos familiares. Para el organismo, las contrataciones «resultaron contrarias a derecho».
La norma busca evitar que un proveedor obtenga ventaja por tener un pariente dentro del servicio. El informe no establece culpas individuales: eso le corresponde al procedimiento disciplinario, que debe determinar las «eventuales responsabilidades administrativas» de quienes permitieron esas compras.
En su respuesta, el SLEP explicó que la mayoría de esos funcionarios son docentes de aula o inspectores y que no participan en los procesos de compra. La Contraloría mantuvo la observación: la prohibición alcanza a todo el personal que depende de la misma jefatura superior. El servicio tiene 60 días hábiles para acreditar un procedimiento permanente que cruce los datos de proveedores y funcionarios.
Los riesgos que vieron los auditores en las escuelas
- Escuela Especial Arcoíris, Carahue: el ascensor que conecta sus tres pisos estaba en uso cuando lo revisaron los auditores, el 16 de junio, pero su última mantención fue el 18 de abril de 2023, por lo que estuvo «al menos 38 meses» sin las revisiones mensuales que exige la norma. Además, el agua caliente no estaba conectada al edificio principal.
- Escuela Alejandro Gorostiaga, Nueva Imperial: el comedor se calefaccionaba con un calefactor a gas de patio, diseñado para funcionar sin ducto de evacuación de gases, con «riesgo para la salud» en un lugar cerrado. Los auditores también hallaron tableros eléctricos con conductores y terminales expuestos, igual que en el Complejo Educacional Martin Kleinknecht de Toltén, con «riesgo grave de electrocución».
- Escuela El Crucero, Nueva Imperial: el cerco tenía una abertura con riesgo de caída a un canal de riego vecino. Además, un recinto que sirve de comedor y sala multiuso fue levantado por los propios apoderados, por falta de espacio, y no tiene permiso municipal.
- Escuela Calof, Saavedra: autos y furgones escolares circulan junto a la salida peatonal del patio techado sin barrera ni señalización, y la tapa de una cámara desgrasadora del patio estaba rota.
- Liceo Trovolhue, Carahue: la escalera al segundo piso perdió por completo su huella antideslizante.
Los auditores registraron goteras o filtraciones en diez establecimientos y salas con menos luz que el mínimo de 180 lux (138 lux en un sexto básico de la Escuela Gorostiaga).
Nueve de los 24 colegios revisados tenían vencida la certificación de sus instalaciones de gas, que debe inspeccionarse cada dos años. En el Liceo Barros Arana, el certificado registrado era de 1998, y en la Escuela Kim Ruka, de 2001. Sobre otros catorce, el servicio no entregó información. El SLEP informó avances con una empresa certificadora, pero a la fecha de su respuesta ninguno de esos 23 establecimientos tenía su certificado emitido.
Escuelas sin permiso municipal ni autorización sanitaria
Cinco escuelas funcionan sin permiso de edificación ni recepción municipal: Matte y Sánchez, en Carahue; Porma, Malalhue y Horizonte, en Teodoro Schmidt, y La Concepción, en Toltén. Sin esos documentos no hay validación formal de la estructura, las vías de evacuación ni las instalaciones eléctricas y de gas, advierte el informe. El SLEP respondió que esos antecedentes no venían en la documentación traspasada por los municipios. La Contraloría recordó que el servicio lleva más de ocho años en funcionamiento y le dio 30 días hábiles para presentar un plan de regularización.
Siete escuelas preparan y entregan alimentos sin autorización sanitaria de la Seremi de Salud. Según el SLEP, en varios casos primero hay que adecuar edificios antiguos para obtenerla.
En tres escuelas de un solo profesor y muy pocos alumnos (El Copihual, Matte y Sánchez y Malalhue) no hay personal de aseo: según constató la Contraloría, los propios docentes limpian salas y baños. Y dos colegios superan la capacidad máxima fijada por la Seremi de Educación: la Escuela Kim Ruka, de Carahue, con 453 estudiantes para un máximo de 284, y El Crucero, con 92 para 72. El servicio lo justificó por el derecho a la educación.
Plazos del SLEP: de 15 a 60 días hábiles
Los plazos se cuentan en días hábiles y el servicio debe acreditar cada avance en el sistema de seguimiento de la Contraloría:
- 15 días hábiles: enviar el acto que instruye el procedimiento disciplinario.
- 30 días hábiles: acreditar la mantención del ascensor de la Escuela Arcoíris, medidas para que «no sean los educadores» quienes hagan el aseo y los planes de regularización de permisos, autorizaciones sanitarias y gas, que en general no podrán durar más de seis meses.
- 60 días hábiles: implementar el control que cruce los datos de proveedores y funcionarios, y acreditar avances en las medidas para respetar la capacidad máxima de Kim Ruka y El Crucero.
El informe recuerda que Saavedra, Carahue y Teodoro Schmidt tienen tasas de pobreza por ingresos de 50,2%, 40,6% y 41%, entre las más altas del país.
En abril, BioBioChile ya había informado que seis establecimientos del mismo servicio no tenían financiamiento para terminar obras de conservación, entre ellos el Liceo Reino de Suecia, de Saavedra, y que los alumnos de la escuela rural Antonio Ladino estudiaban en contenedores. Ese liceo aparece ahora en el informe de la Contraloría entre los colegios con la certificación del gas vencida. Hasta la mañana de este domingo 11 de octubre, Correo del lago no encontró una declaración pública del SLEP Costa Araucanía sobre el informe de la Contraloría.
Fuentes
- Contraloría Regional de La Araucanía: Informe Final N° 633, de 2026, sobre la infraestructura de los establecimientos del SLEP Costa Araucanía (29/09/2026, PDF)
- Araucanía Noticias: Contraloría detecta millonarias contrataciones irregulares y graves fallas de infraestructura en escuelas de Costa Araucanía (10/10/2026)
- Dirección de Educación Pública: Servicios Locales de La Araucanía
- BioBioChile: seis establecimientos del SLEP Costa Araucanía no tienen financiamiento para terminar obras (27/04/2026)
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